El Tribunal Constitucional Declara Inconstitucional Parte de la Ley de Vivienda de Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, con el objetivo de afrontar la emergencia habitacional en Cataluña.

Esta decisión, que responde a una impugnación presentada por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario VOX, afecta especialmente a medidas que imponían restricciones a los propietarios, incluyendo la reducción del valor de expropiación de viviendas desocupadas y la obligación de ofrecer alquiler social antes de ciertos procedimientos judiciales.


Preceptos Declarados Inconstitucionales

1. Expropiación con reducción del valor de la vivienda (art. 15.4 de la Ley 4/2016)

Este artículo permitía que, en caso de que una vivienda no cumpliera con la función social de la propiedad, se declarara su expropiación forzosa y su valor se redujera en un 50%, asignando esa diferencia a la Administración expropiante.

🔴 Motivo de inconstitucionalidad:

  • Invade la competencia estatal sobre expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE).
  • La regulación del justiprecio debe ser uniforme en todo el territorio nacional.

📌 Consecuencia: Se anula la posibilidad de reducir el valor de la vivienda expropiada en un 50%.


2. Sanción por incumplir requisitos de alquiler social (art. 6.2 de la Ley 1/2022)

Este artículo modificaba la Ley 18/2007, estableciendo como infracción grave el incumplimiento de los requisitos legales para formular una propuesta obligatoria de alquiler social antes de interponer una demanda judicial.

🔴 Motivo de inconstitucionalidad:

  • La regulación procesal es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6 CE).

📌 Consecuencia: Se mantiene la sanción solo si el alquiler social no es una condición de acceso al proceso judicial.


Aspectos que el TC No Ha Considerado Inconstitucionales

El Tribunal ha rechazado el resto de impugnaciones, avalando disposiciones que:

  • Imponen sanciones por mantener viviendas desocupadas durante más de dos años sin justificación.
  • Obligan a que las viviendas de protección oficial se destinen a residencia habitual.
  • Permiten la cesión temporal de viviendas en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad.

El TC sostiene que estas medidas no vulneran el derecho a la propiedad privada (art. 33 CE) porque buscan garantizar el acceso a la vivienda (art. 47 CE), sin privar al propietario de su utilidad económica.


Críticas y Consecuencias de la Sentencia

Si bien la sentencia invalida algunos artículos clave, mantiene otros que afectan directamente la seguridad jurídica de los propietarios. La imposición de medidas coercitivas para obligar a los grandes tenedores a ofrecer vivienda en alquiler ha generado un efecto contrario al buscado:

  1. Fuga de viviendas del mercado de alquiler:
    • Muchos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del alquiler, ante la posibilidad de perder control sobre ellos o ser forzados a aceptar condiciones impuestas.
  2. Reducción de la oferta:
    • Menos viviendas en alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda para las personas en situación vulnerable.
  3. Inseguridad jurídica para inversores:
    • La constante modificación de las normativas sobre vivienda desincentiva la inversión en el sector inmobiliario, afectando tanto a propietarios como a posibles nuevos inquilinos.

Conclusión

La sentencia del Tribunal Constitucional pone freno a algunas de las restricciones impuestas a los propietarios, pero sigue permitiendo medidas intervencionistas que afectan la estabilidad del mercado de alquiler. Las políticas de vivienda deben centrarse en aumentar la oferta y fomentar condiciones favorables para que los propietarios confíen en el mercado de alquiler, en lugar de imponer obligaciones que terminan perjudicando a quienes se busca proteger.

Si eres propietario, inquilino o afectado por estas regulaciones, nuestros abogados expertos en derecho inmobiliario en Barcelona pueden asesorarte sobre cómo proteger tus derechos frente a esta normativa cambiante.

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